El debate por la nueva ley de medios alcanzó en estas últimas semanas una magnitud sorprendente debido a su media sanción en la cámara de diputados, pero todavía falta que pase por el Senado de la Nación, que se hubiera convertido en un problema para el oficialismo si era presidido por Cleto Cobos… pero no es así, porque como la Presidente Cristina Kirchner viajó a los Estados Unidos para hablar antes empresarios y luego sumarse a la Cumbre del G-20, Cobos la tuvo que reemplazar en el ejecutivo y entonces quedo un oficialista más en la cámara alta.
Todas las voces todas arrojan opiniones a favor, en contra y disparatadas. El tema está instalado y ya nadie puede escapar de toda la información abrumadora que circula por los medios. Los debates se suceden, se pisan en forma vertiginosa pero como dijo, el ex colaborador de El Gran boludo... , Gary Coleman en una reciente entrevista, cuando se refería a un escritor que odia profundamente: “Es menos leído que el texto de la ley de medios”. Y algo de razón tiene Coleman.
En la ley vigente de radiodifusión están las firmas de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Sus nombres generan escalofríos y el texto de la ley también porque en ella el ciudadano es un “Enemigo interno”. Gustavo López, Subsecretario general de la Presidencia, afirma que “la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar”. Lo que señala López es una de las diferencias entre la ley vigente y la que se está debatiendo.
Todas las voces todas arrojan opiniones a favor, en contra y disparatadas. El tema está instalado y ya nadie puede escapar de toda la información abrumadora que circula por los medios. Los debates se suceden, se pisan en forma vertiginosa pero como dijo, el ex colaborador de El Gran boludo... , Gary Coleman en una reciente entrevista, cuando se refería a un escritor que odia profundamente: “Es menos leído que el texto de la ley de medios”. Y algo de razón tiene Coleman.
En la ley vigente de radiodifusión están las firmas de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Sus nombres generan escalofríos y el texto de la ley también porque en ella el ciudadano es un “Enemigo interno”. Gustavo López, Subsecretario general de la Presidencia, afirma que “la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar”. Lo que señala López es una de las diferencias entre la ley vigente y la que se está debatiendo.
Más allá de los intereses en juego, lo importante de que existe la posibilidad de sacar de nuestra legislación una ley procedente de un gobierno de facto y reemplazarla por una de la democracia. Así mismo impedir la conformación de monopolios es necesario para que los discursos se diversifiquen, exista pluralidad tanto en la cantidad de medios así como también en enfoques. El periodista Jorge Lanata opinó para el portal “Hablemos Todos” que “Estoy de acuerdo en algunos puntos del proyecto del Gobierno, no en todos, pero que haya otro proyecto puede significar que se cambie más adelante. Pero seguro que entre un proyecto y el otro no tengo ni que pensarlo, prefiero un proyecto de la democracia sea del partido que sea”.
En suma lo que se debate en el Congreso es quién tiene la palabra. Porque tener la palabra, es éste mundo de la información es sin lugar a dudas tener poder. Mientras tanto, las suspicacias que afirman que sólo se trata de una nueva forma de control para el gobierno de turno, olvidan que si es aprobada la ley, la posibilidad de modificarla, enmendarla, corregirla es un derecho que sólo el sistema democrático puede dar.
